(untitled) (Revista Matronería Actual, 2026)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las matronas pueden cubrir hasta el 87% de las necesidades esenciales en salud sexual y reproductiva [1]. Asimismo, estudios internacionales han demostrado que los modelos liderados por matronas mejoran resultados maternos y neonatales y reducen intervenciones innecesarias [2,4,9]. Sin embargo, su participación en la gobernanza nacional sigue siendo limitada, lo que genera brechas entre la evidencia disponible y la toma de decisiones en salud [3]. La evidencia científica respalda que la matronería tiene un impacto directo en la reducción de la morbimortalidad materna y neonatal [2,4] y que, además, contribuye a mejorar la experiencia usuaria y a disminuir las intervenciones innecesarias en los procesos de atención [9]. El modelo de redes integradas de servicios de salud promueve la continuidad del cuidado, la coordinación entre los niveles sanitarios y la atención centrada en las personas [6]. La gestión del cuidado de matronería, al estar presente en todos los niveles de atención de la red asistencial en Chile, cumple un rol clave en la articulación de estos procesos, evitando la fragmentación del cuidado [6,7]. Por otra parte, el enfoque de derechos en salud ha evidenciado la necesidad de avanzar hacia modelos de atención más humanizados. Diversos estudios han documentado la existencia de maltrato en la atención del parto, lo que constituye una vulneración de derechos [5,8]. No obstante, los modelos liderados por matronas han demostrado reducir estas prácticas y promover una atención respetuosa [5]. A pesar de esta evidencia, persisten barreras estructurales que limitan la participación de la matronería en niveles donde se toman decisiones, lo que impacta en la calidad y eficiencia del sistema de salud [3]. El liderazgo en la Gestión del Cuidado de Matronería a nivel nacional es fundamental para fortalecer los sistemas de salud, mejorar los resultados clínicos y garantizar el respeto de los derechos en salud sexual y reproductiva [1,2,8]. Integrar esta disciplina en los espacios de gobernanza constituye una necesidad técnica, ética y sanitaria para avanzar hacia un modelo de atención más equitativo, centrado en las personas y con enfoque de derechos.